Cuando apenas faltan dos meses para que el 2019 cierre su almanaque, el
proceso de contratación de las producciones agropecuarias en Las Tunas, muestra
un panorama signado por un atraso que obliga
apresurar su ejecución.
Pese haber comenzado en fecha y a la
privilegiada posición que ocupa en la agenda de los directivos del sector,
incluyendo a los de la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP), lo cierto es
que las negociaciones no andan bien, entre otras razones, porque “hemos ido esclareciendo sobre la marcha, aspectos relacionados con el sistema
automatizado para el control de la contratación (Sipa) que, por vez primera,
utiliza el país en tales menesteres”, explica Omar Pérez López, delegado del
Ministerio de la Agricultura en Las Tunas.
Conservar en soporte digital todo lo
relacionado con el quehacer de las formulas productivas y de los más de 20 mil
labriegos diseminados por la provincia,
facilita el control y la realización de evaluaciones más objetivas de los
procesos, desde la siembra hasta el destino final de lo cosechado.
No se trata de una camisa de fuerza, sino de
un programa necesario que hará más expedito el camino hacia a la meta de lograr,
en el 2020, un salto cuantitativo y cualitativo en la entrega y
comercialización de la producción de alimentos, propósito que tiene en la
figura del fortalecido Grupo Empresarial de Acopio a uno de sus pilares fundamentales.
Esas alentadoras perspectivas sustentan la
necesidad de revitalizar, sin demora, los convenios, máximo cuando a estas
alturas todavía faltan por visitar más de seis mil productores, atraso que exige
de quienes realizan el proceso una pronta y contundente repuesta, pero sin
lesionar su calidad y apegado a la metodología del Sipa.
Baja esa concepción se impone fortalecer la
labor a nivel de base, mediante una mayor implicación en el asunto del personal
seleccionado y capacitado por las juntas directivas y las Empresas municipales
de la agricultura.
Pero el apremio por llegarles a todos los que
producen alimentos, no puede ser
óbice para suscribir un contrato ajustado a la realidad de cada unidad,
finca y productor. Tal grado de confiabilidad será mayor si en su declaración el
labriego no deja oculto bajo la manga potencialidades productivas, y si el
contratante hace suyo aquello de que vista
hace fe mediante la comprobación sobre el terreno del área ocupada,
variedad, cantidad y la salud de los cultivos existentes, así como el estado y
perspectivas de las tierras por explotar.
Es deber del visitante esclarecer o tomar
notas de cualquier preocupación planteada por el poseedor de la tierra respecto
a los insumos, precios, paquete tecnológico, la comercialización y el pago de
las entregas.
Aunque ya es evidente que el proceso se
extenderá más allá del 15 de noviembre –fecha tope planteada por la provincia-,
criterios especializados coinciden en que si las juntas directivas y las
direcciones de las Empresas Agropecuarias de cada territorio potencian al
máximo la tarea, Las Tunas puede culminarla
mucho antes de que finalice el año y con la calidad requerida.
Lograr ese objetivo es de suma importancia,
pues a partir de los compromisos productivos es que la Empresa oficializa los
planes de entrega a los diferentes destinatarios; dígase placitas, mercados
agropecuarios estatales, hospitales y centros de enseñanzas, entre otras
instituciones comprendidas en el sistema de consumo social.
Tampoco puede perderse de vista, que la venta
de alimentos que se acuerde con el Estado para el 2020, contribuirá al impulso del autoabastecimiento municipal, programa dirigido
a garantizar un per cápita mensual de 30
libras de viandas, hortalizas, granos y frutales por habitantes, tal y como se
esboza en los lineamientos de la
política económica y social del Partido y la Revolución Cubana.
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